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Asamblea Nacional reforma y avanza en proyecto laboral

El proyecto de ley 54, presentado por la ministra de Trabajo, Doris Zapata, fue objeto de cambios en la gran mayoría de su contenido durante el primer debate en la Asamblea Nacional.

De acuerdo con las reformas propuestas por la Comisión de Trabajo, se eliminó la reducción en el pago de las horas extraordinarias y, por otro lado, se eximió a los empresarios del pago de $50 dólares en concepto de décimo tercer mes a los trabajadores con contratos suspendidos.

El proyecto de ley 354, que establece medidas transitorias para regular el mercado laboral en medio de la pandemia, sufrió cambios importantes ayer en el primer debate en la Asamblea Nacional.

Luego que la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social aprobó la semana pasada la creación de una subcomisión integrada por los diputados Víctor Castillo, Ana Giselle Rosas y Crispiano Adames para analizar las recomendaciones del sector obrero y empresarial, se entregó un informe con las consideraciones recopiladas, que sirvió de base para redactar un texto único del proyecto de ley, con varias modificaciones aprobadas en primer debate.

Entre los cambios más importantes aprobados están: eliminar el artículo 6, que establecía una reducción en el pago de las horas extraordinarias.

El documento original proponía que el recargo por laborar en jornada extraordinaria sería de 25% sobre el salario por hora del trabajador, con independencia del turno o jornada en que se produzca . Y en caso de que el trabajo en jornada extraordinaria rebase los límites descritos en el artículo anterior, se pagará un recargo adicional del 50%.

Los movimientos sindicales habían denunciado que se pretendía establecer un 25% como único recargo por trabajar horas extraordinarias; cuando el artículo 33 del Código de Trabajo establece que de acuerdo a la jornada en la cual se preste el trabajo extraordinario, los recargos podrán ser de 25%, 50% y hasta 75%.

Pero más allá de la eliminación de algunos artículos, los obreros habían pedido a través de varios sindicatos, como la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), que se rechazara el proyecto presentado por el Ejecutivo, a través de la ministra de Trabajo, Doris Zapata.

Los empresarios habían solicitado la eliminación de al menos seis artículos, algunos fueron modificados y otros, en efecto, ya no forman parte del proyecto.

En primer debate se determinó reformar el artículo 8, que establecía el pago de una fracción de la partida del décimo tercer mes a los trabajadores que se mantienen en suspensión laboral.

El proyecto aprobado en primer debate ya no estipula el pago de 50 dólares a los trabajadores que no han laborado desde el mes de abril.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) no veía conveniente que se alterara la fórmula de cálculo de las partidas del décimo tercer mes, al fijar un pago que representaría una carga para el sector empresarial, en especial para las pequeñas y medianas empresas que no generan ingresos desde el inicio de la pandemia respiratoria.

El documento sí establece la extensión de las suspensiones de los contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2020.

En este momento hay cerca de 274 mil contratos suspendidos, que representan el 31% de los empleos formales no gubernamentales, que llegan a 873 mil 750, de acuerdo con las cifras de la Contraloría General de la República.

Las empresas que se vieron obligadas a cerrar, por decreto ejecutivo, se acogieron al artículo 203 del Código de Trabajo, que establece que las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo se podrán realizar por un mes y prorrogar hasta por cuatro meses.

De allí, la urgencia del Gobierno por aprobar el proyecto de ley 354. A muchas empresas se le vence su última prórroga en el mes de julio, y la única de manera de permanecer con sus trabajadores suspendidos es a través de la ley que plantea reformas transitorias al marco legal panameño.

El documento aprobado en primer debate plantea la modificación de seis artículos y la eliminación de otros tres. Se prohibió expresamente la contratación de nuevos trabajadores a las empresas que reactiven sus actividades económicas, con la finalidad de no vulnerar el derecho de los trabajadores que están suspendidos.

Por otro lado, el informe de la subcomisión legislativa recomendó compensar a los trabajadores suspendidos con un bono adicional por parte del Estado, por la eliminación del pago de $50 correspondiente al décimo tercer mes. Este cambio no fue incluido en la redacción del documento único aprobado en el primer debate.

Probablemente sea incorporado en un segundo debate, mientras se valida con el Ministerio de Economía y Finanzas la disponibilidad de los fondos para hacerle frente a dicho compromiso.

Los trabajadores han denunciado que resulta imposible vivir con contratos suspendidos hasta diciembre y una ayuda económica de apenas $100 dólares a través del vale digital, sin contar que hay personas que ni siquiera están recibiendo dicho beneficio.

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